Zacapu, Michoacán, a 23 de septiembre de 2026.— El problema de Mónica Valdez ya no cabe en un comunicado de prensa. Bajo su gobierno, Zacapu acumula una sucesión de hechos que dibuja una crisis de seguridad mucho más profunda que cualquier discurso oficial: sus dos principales mandos de Seguridad Pública fueron detenidos; autoridades investigan su posible relación con una emboscada criminal en la que murieron cinco agentes; y ahora madres buscadoras colocan al municipio en el centro de una denuncia sobre un presunto sitio clandestino de incineración donde aseguran haber encontrado alrededor de mil 600 dientes de leche.
No son rumores de redes sociales. El 10 de julio fueron detenidos el director y el subdirector de Seguridad Pública de Zacapu. La Fiscalía de Michoacán informó que eran investigados por su probable responsabilidad en robo calificado grave y por su presunta relación con la emboscada ocurrida el 10 de junio en La Mojonera, Nahuatzen, donde cinco integrantes de la Guardia Civil murieron y otros cinco resultaron heridos.
El caso tiene un componente todavía más delicado. Filtraciones de las investigaciones señalan que el armamento arrebatado a los agentes atacados fue encontrado en poder de los mandos de Zacapu y que áreas estatales de inteligencia investigaban su posible participación en otros hechos relacionados con el crimen organizado. El ataque había sido atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Esas investigaciones colocan una crisis extraordinariamente grave dentro de la institución de seguridad del Ayuntamiento de Mónica Valdez.
Y apenas dos meses después aparece Zacapu nuevamente en los titulares.
El colectivo Buscando Cuerpos en Todo México sostiene que durante búsquedas iniciadas en 2021 ha recuperado alrededor de mil 600 dientes de leche, además de otros restos, en un sitio del municipio donde presuntamente se incineraban cuerpos. La denuncia fue difundida esta semana a partir del testimonio de Margarita López.
La FGR, sin embargo, no ha confirmado públicamente que existan 1,600 dientes de menores ni cuántas víctimas representarían. Tampoco ha validado las hipótesis difundidas sobre explotación sexual, tráfico de órganos o pornografía infantil. Esas afirmaciones continúan siendo señalamientos del colectivo que requieren comprobación pericial.
Esa cautela no disminuye el problema político para el Ayuntamiento.
Al contrario.
Porque el expediente público de Zacapu empieza a reunir dos realidades particularmente inquietantes: por un lado, buscadoras denunciando un presunto sitio utilizado por criminales para desaparecer cuerpos; por otro, los hombres que encabezaban la seguridad municipal detenidos e investigados por su posible participación en un episodio atribuido al crimen organizado.
Una administración municipal puede argumentar que combatir cárteles rebasa las capacidades de un Ayuntamiento. Es cierto. Lo mucho más difícil de minimizar es que quienes estaban en la cúspide de su propia corporación policial terminaran detenidos dentro de una investigación de semejante gravedad.
Y ahora son nuevamente ciudadanos —esta vez madres que buscan a sus desaparecidos— quienes colocan ante las instituciones indicios de otro posible horror.
La alcaldesa carga con el costo político de haber gobernado una institución de seguridad cuyos máximos responsables terminaron bajo investigación mientras el municipio aparece atravesado por graves denuncias vinculadas con la violencia criminal.
Ese es el punto más incómodo para Mónica Valdez.
Lo documentado resulta suficientemente grave: el crimen organizado aparece en las investigaciones sobre una emboscada; sus mandos policiales fueron detenidos por su presunta relación con ese episodio; y las madres buscadoras denuncian que en el territorio que gobierna existió un lugar utilizado para desaparecer e incinerar seres humanos.
Zacapu necesita investigaciones judiciales para determinar quién cometió los crímenes.
Pero para evaluar a su gobierno municipal no hace falta esperar una sentencia sobre cada expediente: la detención de la cúpula de su policía y la aparición de denuncias de esta magnitud constituyen hechos públicos de su administración y un desafío directo a su responsabilidad de rendir cuentas sobre la seguridad municipal.
La tierra de Zacapu está empezando a contar una historia. Y la Policía Municipal, otra.
El gobierno de Mónica Valdez tendrá que responder políticamente por estos casos y los que cada día salen a la luz.
