Trabajadores sindicalizados del Gobierno de Michoacán suspendieron actividades en oficinas estatales para exigir el pago de adeudos, recursos para operar y mejores condiciones laborales. Antonio Ferreira, representante del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), cuestionó el discurso oficial sobre la situación financiera de la administración estatal.
Ferreira acusó que, mientras las dependencias enfrentan carencias, el Gobierno estatal mantiene gastos en obras y eventos públicos. Como ejemplo, mencionó las condiciones de oficinas en Lázaro Cárdenas, entre ellas las de Protección Civil, donde denunció problemas con el drenaje, así como las del Instituto del Transporte.
El dirigente explicó que la principal exigencia es resolver el adeudo de más de 60 millones de pesos que mantiene la Policía Auxiliar con la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. Señaló que el organismo pasó de tener mil 100 cotizantes a solamente 128, luego de que, según denunció, la autoridad obligara a policías auxiliares a dejar de cotizar. Advirtió que la posible terminación del convenio también pondría en riesgo a quienes tienen créditos con garantía hipotecaria, pues podrían enfrentar intereses al doble.
A estas condiciones se suma el cierre anticipado del presupuesto, que, de acuerdo con el dirigente, Luis Navarro decidió realizar el 22 de septiembre. Desde entonces, afirmó, las dependencias han tenido dificultades para adquirir papel, material de limpieza, insumos para computadoras y equipos nuevos. Incluso relató que trabajadores y personas externas han tenido que comprar paquetes de hojas para imprimir recibos a los contribuyentes.
Además, señaló que ya enfrentaron cheques devueltos por falta de fondos y que el Gobierno estatal no ha cumplido su compromiso de presentar una nueva ley de pensiones, pese a que, aseguró, está por cumplirse un año de la promesa.
La suspensión de actividades afecta a la ciudadanía que acude a realizar trámites como licencias, placas y actas de nacimiento. Ferreira reconoció las consecuencias, pero sostuvo que las fallas del gobierno digital tampoco han resuelto los problemas de atención. El sindicato, que dijo representar a más de ocho mil trabajadores, anunció que este martes mantendría una reunión con sus representantes para definir las siguientes acciones y determinar si radicalizan las protestas.
