En redes sociales se ha intentado instalar una idea sencilla: que en la Fiscalía de Michoacán no hubo cambios relevantes durante la gestión de Carlos Torres Piña y que, por tanto, los resultados recientes no deberían relacionarse con lo que ocurrió dentro de esa institución. El planteamiento es políticamente útil porque reduce una discusión compleja a una frase fácil de repetir. El problema es que, cuando se revisan los indicadores disponibles, la afirmación de que “no se hizo nada” resulta difícil de sostener.
La primera evidencia está en la propia capacidad de investigación. Entre julio de 2024 y mayo de 2025 se cumplimentaron 212 mandamientos judiciales sin detenido previo; entre julio de 2025 y mayo de 2026 fueron 477. El crecimiento, cercano al 125 por ciento, no puede interpretarse como un simple aumento administrativo. Para llegar a una orden judicial cumplimentada es necesario investigar, integrar una carpeta, conseguir autorización de un juez, localizar al probable responsable y ejecutar la detención. Es decir, se trata justamente de uno de los indicadores que permiten medir si una Fiscalía investiga mejor.
También cambió la forma en que la institución recibió y procesó denuncias. En marzo de 2026, la Fiscalía informó que la plataforma Denuncia en Línea 2.0 ya concentraba alrededor del 30 por ciento de las denuncias que recibía la institución. Ese dato no demuestra por sí solo que haya desaparecido la cifra negra, pero sí muestra que una parte creciente de la ciudadanía empezó a utilizar mecanismos distintos a acudir físicamente a una agencia del Ministerio Público. La propia Fiscalía vinculó esta modernización con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y reducir las barreras para denunciar.
Aquí conviene hacer una distinción importante. Que haya más denuncias no significa necesariamente que haya más delitos. En determinados contextos puede significar exactamente lo contrario a lo que suele sugerirse en redes: que existe mayor disposición de las víctimas a acudir a la autoridad. La Fiscalía trabajó durante ese periodo con municipios, organizaciones empresariales y sociedad civil para facilitar la presentación de denuncias y reducir la cifra de casos que nunca llegan al conocimiento institucional. Por eso, el crecimiento de los canales de denuncia debe leerse junto con otros indicadores y no como una señal automática de deterioro.
La percepción ciudadana ofrece otra pieza del rompecabezas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, en Morelia la población que decía sentirse insegura pasó de 79.2 por ciento en marzo de 2025 a 66.1 por ciento en marzo de 2026. En Lázaro Cárdenas bajó de 40.3 a 34.9 por ciento y en Uruapan de 88.7 a 86.7 por ciento. Para el segundo trimestre de 2026, el gobierno estatal reportó nuevas mejoras en los indicadores de Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas a partir de la ENSU. No se trata de afirmar que la población ya se siente segura, porque los niveles siguen siendo elevados en algunas ciudades; sí se trata de reconocer que la tendencia cambió.
Ese cambio de percepción tampoco puede atribuirse exclusivamente a la Fiscalía ni a Torres Piña. La percepción de inseguridad depende de homicidios, robos, extorsiones, presencia policial, cobertura mediática, experiencias personales y múltiples variables. Lo relevante para esta discusión es otra cosa: mientras algunas campañas digitales sostienen que nada mejoró, las mediciones independientes del INEGI muestran que en varias de las principales ciudades de Michoacán la percepción de inseguridad sí descendió durante el periodo.
El Plan Michoacán también obliga a mirar el tema de una manera más amplia. Sus resultados fueron producto de la coordinación entre el Gobierno de México, el estado, las fuerzas federales y las instituciones de procuración de justicia. Una estrategia federal puede aportar inteligencia y capacidad operativa, pero necesita una Fiscalía estatal capaz de recibir información, convertirla en investigaciones y llevar los casos ante los jueces. Los cambios realizados durante la gestión de Torres Piña —reestructuración, fortalecimiento de áreas de investigación, movimientos de personal y nuevas capacidades tecnológicas— hicieron que la Fiscalía pudiera cumplir mejor esa función.
Por eso, el éxito o fracaso del Plan Michoacán no puede separarse completamente de lo que ocurrió dentro de la Fiscalía. La disminución de la violencia corresponde a una estrategia interinstitucional, pero una parte de sus resultados judiciales necesitaba investigaciones estatales. Entre los datos reportados durante la gestión aparecen 85 carpetas de alto impacto que derivaron en 154 personas detenidas, además de acciones contra estructuras vinculadas con extorsión. El valor de esos números está en que las operaciones no terminaron únicamente con un aseguramiento: tuvieron que convertirse en expedientes que pudieran sostenerse ante la autoridad judicial.
El indicador de impunidad es probablemente el argumento más fuerte contra la idea de inmovilidad. En junio de 2026, la Fiscalía reportó un índice de impunidad de 67.68 por ciento, frente a una media nacional de 89.42 por ciento. La cifra sigue siendo alta y nadie serio debería presentarla como si la impunidad hubiera desaparecido. Pero una diferencia de más de veinte puntos frente a la referencia nacional tampoco puede ignorarse, sobre todo cuando la institución reportó simultáneamente mejoras en investigación y reparación del daño a las víctimas.
Este último elemento es especialmente importante porque permite regresar al verdadero objeto de una Fiscalía: la justicia. El trabajo de un fiscal no consiste en patrullar las calles ni en dirigir la política de seguridad pública; consiste en conseguir que los delitos tengan consecuencias jurídicas. Por eso deben observarse conjuntamente los mandamientos judiciales ejecutados, las investigaciones de alto impacto, la reducción de impunidad y la reparación a las víctimas. Cuando esos indicadores avanzan al mismo tiempo, existe al menos evidencia para hablar de un cambio institucional.
Nada de esto implica que la Fiscalía haya quedado resuelta o que todos los problemas heredados desaparecieran durante la gestión de Carlos Torres Piña. Persisten la cifra negra, investigaciones complejas, delitos con altos niveles de impunidad y víctimas que todavía esperan justicia. Convertir cualquier avance en una historia de éxito absoluto sería tan poco objetivo como afirmar que no ocurrió ningún cambio.
El debate debería estar precisamente ahí. Quienes sostienen que la Fiscalía siguió igual tendrían que explicar cómo encaja esa afirmación con el incremento de 212 a 477 mandamientos judiciales cumplimentados, con el crecimiento de los mecanismos de denuncia, con la reducción reportada del índice de impunidad y con una percepción de inseguridad que descendió en varias de las principales ciudades del estado. Los datos no obligan a compartir una conclusión política, pero sí obligan a abandonar una explicación demasiado cómoda.
La gestión de Carlos Torres Piña puede discutirse y debe evaluarse críticamente. Lo que resulta cada vez más difícil es hacerlo desde la premisa de que “no pasó nada”. Hubo más investigación, se abrieron nuevas vías para denunciar, disminuyó la impunidad reportada y mejoraron indicadores de percepción ciudadana. Ésa es una discusión bastante más seria que una campaña de redes y, sobre todo, una que puede sostenerse con números
