![\"\"](\"https:\/\/medianews.mx\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/WhatsApp-Image-2026-08-11-at-5.10.01-PM-300x181.jpeg\")
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\nLa primera evidencia est\u00e1 en la propia capacidad de investigaci\u00f3n. Entre julio de 2024 y mayo de 2025 se cumplimentaron 212 mandamientos judiciales sin detenido previo; entre julio de 2025 y mayo de 2026 fueron 477. El crecimiento, cercano al 125 por ciento, no puede interpretarse como un simple aumento administrativo. Para llegar a una orden judicial cumplimentada es necesario investigar, integrar una carpeta, conseguir autorizaci\u00f3n de un juez, localizar al probable responsable y ejecutar la detenci\u00f3n. Es decir, se trata justamente de uno de los indicadores que permiten medir si una Fiscal\u00eda investiga mejor.
\nTambi\u00e9n cambi\u00f3 la forma en que la instituci\u00f3n recibi\u00f3 y proces\u00f3 denuncias. En marzo de 2026, la Fiscal\u00eda inform\u00f3 que la plataforma Denuncia en L\u00ednea 2.0 ya concentraba alrededor del 30 por ciento de las denuncias que recib\u00eda la instituci\u00f3n. Ese dato no demuestra por s\u00ed solo que haya desaparecido la cifra negra, pero s\u00ed muestra que una parte creciente de la ciudadan\u00eda empez\u00f3 a utilizar mecanismos distintos a acudir f\u00edsicamente a una agencia del Ministerio P\u00fablico. La propia Fiscal\u00eda vincul\u00f3 esta modernizaci\u00f3n con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia y reducir las barreras para denunciar.
\nAqu\u00ed conviene hacer una distinci\u00f3n importante. Que haya m\u00e1s denuncias no significa necesariamente que haya m\u00e1s delitos. En determinados contextos puede significar exactamente lo contrario a lo que suele sugerirse en redes: que existe mayor disposici\u00f3n de las v\u00edctimas a acudir a la autoridad. La Fiscal\u00eda trabaj\u00f3 durante ese periodo con municipios, organizaciones empresariales y sociedad civil para facilitar la presentaci\u00f3n de denuncias y reducir la cifra de casos que nunca llegan al conocimiento institucional. Por eso, el crecimiento de los canales de denuncia debe leerse junto con otros indicadores y no como una se\u00f1al autom\u00e1tica de deterioro.
\nLa percepci\u00f3n ciudadana ofrece otra pieza del rompecabezas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad P\u00fablica Urbana del INEGI, en Morelia la poblaci\u00f3n que dec\u00eda sentirse insegura pas\u00f3 de 79.2 por ciento en marzo de 2025 a 66.1 por ciento en marzo de 2026. En L\u00e1zaro C\u00e1rdenas baj\u00f3 de 40.3 a 34.9 por ciento y en Uruapan de 88.7 a 86.7 por ciento. Para el segundo trimestre de 2026, el gobierno estatal report\u00f3 nuevas mejoras en los indicadores de Morelia, Uruapan y L\u00e1zaro C\u00e1rdenas a partir de la ENSU. No se trata de afirmar que la poblaci\u00f3n ya se siente segura, porque los niveles siguen siendo elevados en algunas ciudades; s\u00ed se trata de reconocer que la tendencia cambi\u00f3.
\nEse cambio de percepci\u00f3n tampoco puede atribuirse exclusivamente a la Fiscal\u00eda ni a Torres Pi\u00f1a. La percepci\u00f3n de inseguridad depende de homicidios, robos, extorsiones, presencia policial, cobertura medi\u00e1tica, experiencias personales y m\u00faltiples variables. Lo relevante para esta discusi\u00f3n es otra cosa: mientras algunas campa\u00f1as digitales sostienen que nada mejor\u00f3, las mediciones independientes del INEGI muestran que en varias de las principales ciudades de Michoac\u00e1n la percepci\u00f3n de inseguridad s\u00ed descendi\u00f3 durante el periodo.
\nEl Plan Michoac\u00e1n tambi\u00e9n obliga a mirar el tema de una manera m\u00e1s amplia. Sus resultados fueron producto de la coordinaci\u00f3n entre el Gobierno de M\u00e9xico, el estado, las fuerzas federales y las instituciones de procuraci\u00f3n de justicia. Una estrategia federal puede aportar inteligencia y capacidad operativa, pero necesita una Fiscal\u00eda estatal capaz de recibir informaci\u00f3n, convertirla en investigaciones y llevar los casos ante los jueces. Los cambios realizados durante la gesti\u00f3n de Torres Pi\u00f1a \u2014reestructuraci\u00f3n, fortalecimiento de \u00e1reas de investigaci\u00f3n, movimientos de personal y nuevas capacidades tecnol\u00f3gicas\u2014 hicieron que la Fiscal\u00eda pudiera cumplir mejor esa funci\u00f3n.
\nPor eso, el \u00e9xito o fracaso del Plan Michoac\u00e1n no puede separarse completamente de lo que ocurri\u00f3 dentro de la Fiscal\u00eda. La disminuci\u00f3n de la violencia corresponde a una estrategia interinstitucional, pero una parte de sus resultados judiciales necesitaba investigaciones estatales. Entre los datos reportados durante la gesti\u00f3n aparecen 85 carpetas de alto impacto que derivaron en 154 personas detenidas, adem\u00e1s de acciones contra estructuras vinculadas con extorsi\u00f3n. El valor de esos n\u00fameros est\u00e1 en que las operaciones no terminaron \u00fanicamente con un aseguramiento: tuvieron que convertirse en expedientes que pudieran sostenerse ante la autoridad judicial.
\nEl indicador de impunidad es probablemente el argumento m\u00e1s fuerte contra la idea de inmovilidad. En junio de 2026, la Fiscal\u00eda report\u00f3 un \u00edndice de impunidad de 67.68 por ciento, frente a una media nacional de 89.42 por ciento. La cifra sigue siendo alta y nadie serio deber\u00eda presentarla como si la impunidad hubiera desaparecido. Pero una diferencia de m\u00e1s de veinte puntos frente a la referencia nacional tampoco puede ignorarse, sobre todo cuando la instituci\u00f3n report\u00f3 simult\u00e1neamente mejoras en investigaci\u00f3n y reparaci\u00f3n del da\u00f1o a las v\u00edctimas.
\nEste \u00faltimo elemento es especialmente importante porque permite regresar al verdadero objeto de una Fiscal\u00eda: la justicia. El trabajo de un fiscal no consiste en patrullar las calles ni en dirigir la pol\u00edtica de seguridad p\u00fablica; consiste en conseguir que los delitos tengan consecuencias jur\u00eddicas. Por eso deben observarse conjuntamente los mandamientos judiciales ejecutados, las investigaciones de alto impacto, la reducci\u00f3n de impunidad y la reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas. Cuando esos indicadores avanzan al mismo tiempo, existe al menos evidencia para hablar de un cambio institucional.
\nNada de esto implica que la Fiscal\u00eda haya quedado resuelta o que todos los problemas heredados desaparecieran durante la gesti\u00f3n de Carlos Torres Pi\u00f1a. Persisten la cifra negra, investigaciones complejas, delitos con altos niveles de impunidad y v\u00edctimas que todav\u00eda esperan justicia. Convertir cualquier avance en una historia de \u00e9xito absoluto ser\u00eda tan poco objetivo como afirmar que no ocurri\u00f3 ning\u00fan cambio.
\nEl debate deber\u00eda estar precisamente ah\u00ed. Quienes sostienen que la Fiscal\u00eda sigui\u00f3 igual tendr\u00edan que explicar c\u00f3mo encaja esa afirmaci\u00f3n con el incremento de 212 a 477 mandamientos judiciales cumplimentados, con el crecimiento de los mecanismos de denuncia, con la reducci\u00f3n reportada del \u00edndice de impunidad y con una percepci\u00f3n de inseguridad que descendi\u00f3 en varias de las principales ciudades del estado. Los datos no obligan a compartir una conclusi\u00f3n pol\u00edtica, pero s\u00ed obligan a abandonar una explicaci\u00f3n demasiado c\u00f3moda.
\nLa gesti\u00f3n de Carlos Torres Pi\u00f1a puede discutirse y debe evaluarse cr\u00edticamente. Lo que resulta cada vez m\u00e1s dif\u00edcil es hacerlo desde la premisa de que \u201cno pas\u00f3 nada\u201d. Hubo m\u00e1s investigaci\u00f3n, se abrieron nuevas v\u00edas para denunciar, disminuy\u00f3 la impunidad reportada y mejoraron indicadores de percepci\u00f3n ciudadana. \u00c9sa es una discusi\u00f3n bastante m\u00e1s seria que una campa\u00f1a de redes y, sobre todo, una que puede sostenerse con n\u00fameros<\/p>\n
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