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<\/p>\nLos n\u00fameros que Carlos Torres Pi\u00f1a puede poner sobre la mesa<\/p>\n
Un curr\u00edculum largo puede impresionar y al mismo tiempo decir muy poco. Haber ocupado varios cargos demuestra experiencia, pero no necesariamente eficacia. La pregunta verdaderamente inc\u00f3moda para cualquier servidor p\u00fablico aparece despu\u00e9s: \u00bfqu\u00e9 cambi\u00f3 mientras estuvo ah\u00ed? En el caso de Carlos Torres Pi\u00f1a, esa pregunta puede plantearse al menos sobre dos responsabilidades particularmente dif\u00edciles: conducir la pol\u00edtica interna de Michoac\u00e1n y posteriormente encabezar su Fiscal\u00eda General.<\/p>\n
Son funciones tan diferentes que incluso requieren criterios distintos para evaluarlas. A un secretario de Gobierno se le puede exigir capacidad para procesar conflictos, construir acuerdos y evitar que las diferencias pol\u00edticas o sociales paralicen al estado. A un fiscal hay que medirlo por investigaciones, mandamientos judiciales, combate a la impunidad y reparaci\u00f3n a las v\u00edctimas.<\/p>\n
Mezclar ambos trabajos ser\u00eda incorrecto; lo interesante es observar si existe una constante en la manera en que Torres Pi\u00f1a ejerci\u00f3 los dos.<\/p>\n
En la Secretar\u00eda de Gobierno recibi\u00f3 un estado con una larga tradici\u00f3n de movilizaci\u00f3n social. Maestros, normalistas, transportistas, comunidades ind\u00edgenas, organizaciones sociales y municipios forman parte de una din\u00e1mica pol\u00edtica que ning\u00fan secretario puede eliminar por decreto. La funci\u00f3n tampoco consiste en impedir que alguien proteste, porque hacerlo ser\u00eda contrario a un derecho democr\u00e1tico. El reto es evitar que la ausencia de interlocuci\u00f3n transforme cualquier demanda en un conflicto permanente.<\/p>\n
Durante el periodo en que Torres Pi\u00f1a estuvo al frente de la pol\u00edtica interna, el gobierno estatal report\u00f3 una reducci\u00f3n cercana al 67 por ciento en protestas y manifestaciones respecto del punto de partida de la administraci\u00f3n. El dato requiere una interpretaci\u00f3n cuidadosa: menos movilizaciones no significan autom\u00e1ticamente mejor gobierno. Pero cuando esa disminuci\u00f3n coincide con la instalaci\u00f3n de mesas de di\u00e1logo y con una ampliaci\u00f3n de mecanismos para procesar demandas, s\u00ed ofrece un elemento para evaluar capacidad de gobernabilidad. El propio tercer informe estatal document\u00f3 esta estrategia de interlocuci\u00f3n.<\/p>\n
Uno de los ejemplos m\u00e1s interesantes ocurri\u00f3 con las comunidades ind\u00edgenas. Al inicio de la administraci\u00f3n eran alrededor de once las comunidades que ejerc\u00edan directamente su presupuesto; posteriormente el n\u00famero creci\u00f3 de manera sustancial. M\u00e1s all\u00e1 de la cifra, el cambio implic\u00f3 una transformaci\u00f3n pol\u00edtica: el gobierno dej\u00f3 de discutir \u00fanicamente cu\u00e1nto recurso correspond\u00eda a los municipios y comenz\u00f3 a reconocer que determinadas comunidades pod\u00edan decidir directamente sobre una parte de \u00e9l.<\/p>\n
Para la Secretar\u00eda de Gobierno signific\u00f3 acompa\u00f1ar consultas, diferencias internas, relaci\u00f3n con ayuntamientos y nuevos modelos de interlocuci\u00f3n.
\nDespu\u00e9s lleg\u00f3 la Fiscal\u00eda, donde escuchar y negociar ya no eran suficientes. Una carpeta de investigaci\u00f3n no puede resolverse mediante un acuerdo pol\u00edtico y una orden de aprehensi\u00f3n no depende de habilidad discursiva. Torres Pi\u00f1a tuvo que pasar de una instituci\u00f3n cuyo principal instrumento era el di\u00e1logo a otra donde el trabajo se mide mediante ministerios p\u00fablicos, polic\u00edas de investigaci\u00f3n, peritos, expedientes y decisiones judiciales.<\/p>\n
Ah\u00ed aparece uno de sus resultados m\u00e1s claros. En el periodo julio de 2024-mayo de 2025 se cumplimentaron 212 mandamientos judiciales sin detenido previo. En julio de 2025-mayo de 2026 fueron 477. El incremento cercano al 125 por ciento habla de expedientes que avanzaron hasta conseguir una orden judicial y posteriormente localizar a la persona requerida. Es una medida bastante m\u00e1s \u00fatil para evaluar investigaci\u00f3n que limitarse a contar detenidos en flagrancia.<\/p>\n
Pero existe otra cifra con un significado incluso m\u00e1s cercano a la finalidad de una Fiscal\u00eda: la reparaci\u00f3n del da\u00f1o. Durante la gesti\u00f3n de Torres Pi\u00f1a, este indicador registr\u00f3 un crecimiento aproximado de 94 por ciento. Una persona puede ser detenida y una instituci\u00f3n puede presumir la captura, pero para la v\u00edctima la historia no necesariamente termina ah\u00ed. Recuperar patrimonio, recibir una reparaci\u00f3n o alcanzar una soluci\u00f3n jur\u00eddica forma parte de la justicia que muchas veces queda fuera de la conversaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n
La impunidad completa el cuadro. La Fiscal\u00eda report\u00f3 en junio de 2026 un indicador de 67.68 por ciento frente a una media nacional de 89.42 por ciento. Una lectura propagand\u00edstica celebrar\u00eda inmediatamente el dato; una lectura responsable debe empezar reconociendo que 67.68 por ciento contin\u00faa siendo demasiado. Lo relevante est\u00e1 en otra parte: colocarse m\u00e1s de veinte puntos por debajo de la referencia nacional indica que la instituci\u00f3n consigui\u00f3 mejores resultados relativos en un problema que sigue siendo enorme en pr\u00e1cticamente todo el pa\u00eds.<\/p>\n
Esto permite valorar la trayectoria de Torres Pi\u00f1a de una manera distinta. Su argumento no tendr\u00eda que ser simplemente que fue diputado federal, dos veces secretario de Gobierno y fiscal general. El peso de esos cargos est\u00e1 en haber tenido que enfrentar problemas reales y haber dejado indicadores que despu\u00e9s pueden compararse. Menos conflictividad social mediante interlocuci\u00f3n, m\u00e1s investigaciones llegando hasta mandamientos judiciales y una mayor reparaci\u00f3n del da\u00f1o pertenecen a \u00e1mbitos diferentes, pero comparten una caracter\u00edstica: pueden medirse.<\/p>\n
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Tampoco ser\u00eda serio construir a partir de estos n\u00fameros una historia donde todo funcion\u00f3. Michoac\u00e1n sigue teniendo conflictos sociales, las comunidades contin\u00faan enfrentando dificultades en sus procesos de autogobierno y la Fiscal\u00eda mantiene una deuda importante frente a la impunidad. Los resultados p\u00fablicos tienen valor precisamente cuando se analizan junto con aquello que qued\u00f3 pendiente, porque s\u00f3lo entonces sirven para decidir qu\u00e9 funcion\u00f3 y qu\u00e9 necesita modificarse.<\/p>\n
Hay una diferencia importante entre experiencia y antig\u00fcedad. La antig\u00fcedad simplemente cuenta cu\u00e1ntos a\u00f1os han pasado; la experiencia deber\u00eda demostrar qu\u00e9 se aprendi\u00f3 durante ellos y qu\u00e9 capacidad se desarroll\u00f3 para resolver problemas. En Torres Pi\u00f1a existen m\u00e1s de veinte a\u00f1os de trayectoria, pero lo pol\u00edticamente relevante no est\u00e1 en la cantidad de tiempo, sino en que ya ha sido sometido a la prueba de ejercer responsabilidades complejas.<\/p>\n
Por eso, al revisar su paso por Gobernaci\u00f3n y por la Fiscal\u00eda, la discusi\u00f3n puede abandonar por un momento las etiquetas y concentrarse en preguntas mucho m\u00e1s sencillas: \u00bfhubo menos conflictividad?, \u00bfaument\u00f3 la capacidad de investigaci\u00f3n?, \u00bfhubo mayor reparaci\u00f3n a v\u00edctimas?, \u00bfse redujo la impunidad respecto de otros contextos? Los n\u00fameros disponibles permiten contestarlas.
\n\u00c9se es probablemente el argumento m\u00e1s s\u00f3lido que puede presentar Carlos Torres Pi\u00f1a cuando se habla de experiencia. No pedir que se conf\u00ede en lo que promete hacer, sino permitir que se revise lo que ocurri\u00f3 cuando ya tuvo la oportunidad de hacerlo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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